Estimados Colegas
El día viernes, algunos medios de comunicación informaron que el día 23 el Intendente Municipal firmó un Decreto (N° 0706/26) por el cual SE PRETENDE ANULAR LA OBLIGACIÓN de presentar la CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PRELIMINARES POR HONORARIOS para tramitar un Permiso de Edificación y LOS APORTES DEFINITIVOS PARA TRAMITAR EL FINAL DE OBRAS.
Más allá de la dudosa legalidad del Decreto, los argumentos con que se fundamenta la medida inconsulta son falaces ya que se sostiene que su objetivo es “agilizar y simplificar los trámites” sin medir las consecuencias que provocará, favoreciendo a una parte de los empresarios de la construcción, poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y especialmente perjudicando a los jubilados profesionales y a las instituciones que las organizan y cobijan sostenidas por los propios profesionales sin aportes del Estado.
El mayor error es que se pierde el control del ejercicio profesional ya que es, por ley, una facultad de los Colegios profesionales que administran la Matriculación y la incumbencia del título profesional.
Se correrían serios riesgos que la Municipalidad otorgue permisos de obras a personas que dicen tener título sin poder verificarlo. Recordar la explosión del edificio de calle Salta, provocado por falta de idoneidad y del control adecuado. O derrumbes y otros incidentes provocados por el descontrol público.
Además afecta las finanzas del sistema colegial, jubilatorio y asistencial contra lo dispuesto por leyes provinciales sin establecer cómo se cubrirán las obligaciones que le establecen las leyes respectivas. También pone en riesgo a los profesionales ya que son los responsables de los aportes y su evasión puede resultar en multas 10 veces superiores, generando conflictos entre ellos y sus instituciones creadas por ley.
Bajo un falso pretexto de demoras y baja de costos se entrometen inconsultamente en bolsillos ajenos, para favorecer los de las empresas destruyendo sistemas que con sus defectos y virtudes, han funcionado sin recursos públicos.
Como si las consideraciones expuestas no fueran suficientes, debemos agregar que con la firma de dicho decreto, el Intendente ha intentado modificar y/o desoír lo normado por tres leyes provinciales en plena vigencia, 4114, 6729 y 11089, que coinciden en obligar a los organismos públicos nacionales provinciales y municipales encargados de la visación de planos inherentes a la construcción de obras, a no dar curso a tal documentación sin la constancia de cumplimiento con los aportes asistenciales y previsionales de ley.
Creo que es urgente que todos los involucrados defendamos nuestros derechos y nuestras instituciones, » Los hermanos sean unidos en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera»
Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería.
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